Siete despidos en 'Diario de Avisos'

La Unión de Profesionales de la Comunicación de Canarias (UPCC) ha mostrado hoy su rechazo a los siete nuevos despidos ejecutados, el pasado martes, en el periódico Diario de Avisos perteneciente a la empresa Canavisa. En un comunicado, el sindicato cree que esta injustificada decisión supone la eliminación del departamento de Corrección del periódico y muchos de los despedidos son empleados que han dedicado muchos años a este rotativo decano del archipiélago canario. De esta manera, la empresa deja en la calle a los sietes trabajadores con una indemnización de 20 días por año trabajado, el mínimo legal establecido, debido a que argumenta que dicha decisión obedece a causas objetivas. La nota añade que sin embargo, los rectores del periódico ni tan siquiera explicaron dichas causas a los despedidos ni a los representantes de los trabajadores, el comité de empresa. Con esta fórmula se intenta evitar cualquier tipo de negociación al respecto y aboca a los empleados a denunciar esta injusta decisión ante los juzgados en defensa de sus derechos. El 'Diario de Avisos', como cualquier otra empresa, tiene todo el derecho a reorganizar su actividad para adecuarla a las demandas de los lectores y optimizar sus recursos, pero no puede tomar el camino de la imposición debería ser un asunto para la negociación colectiva, porque supone un cambio sustancial en las condiciones de trabajo de toda la plantilla y afectará a diferentes departamentos. UPCC se puso, ayer mismo, a disposición de los trabajadores despedidos para asesorarles legalmente y ayudarles a evitar cualquier tipo de atropello a sus derechos e intereses. Este sindicato insiste para que, con carácter de urgencia, las administraciones públicas, comenzando por el Gobierno de Canarias aborden la situación de crisis que se está produciendo en el sector de la comunicación de las islas, donde en poco menos de un año se han destruido más de un centenar de puestos de trabajo. UPCC también recuerda su propuesta de que no se financie con dinero público a las empresas de comunicación que destruyen empleo de manera injustificada, no cumplen con la legislación laboral vigente y vulneran los derechos de los trabajadores de la comunicación. Esta organización sindical denuncia que si esta situación se hubiera dado en otro sector productivo ya nuestros representantes políticos hubieran tomado cartas en el asunto, pero están demostrando una pasividad que tiene más que ver con evitar molestar a los propietarios de los medios de comunicación del archipiélago, dejando vendidos a los trabajadores del sector. Como miembro de la Federación Española de Sindicatos de Periodistas (Fesp), una organización que tiene entre sus objetivos la defensa del derecho a la información y de los intereses de los profesionales, UPCC muestra su preocupación por la adopción de este tipo de medidas porque suponen una precarización del trabajo y, en consecuencia, un deterioro en la calidad de la información que se ofrece a los lectores, ya que sustituye en su totalidad una labor tan importante como la que desempeñan los correctores, indispensables en cualquier medio de comunicación escrito.